Ruralidades Colimenses

 

Alfredo Álvarez Ramírez

Ley de Promoción y Desarrollo Agroecológico, primera del país, del Pueblo y para el Pueblo

El pasado 8 de junio del año 2023 aprobamos en el H. Congreso del Estado de Colima la Ley de Promoción y Desarrollo Agroecológico del estado de Colima y publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, Núm. 39 el 24 de junio del presente año, con ello, nuestra Colima se convirtió en la primera entidad en reconocer otras formas de producir alimentos libres de agrotóxicos.
Primeramente, resaltar el proceso de construcción de la Ley, fruto de recorrer los diez municipios del estado realizando “Parlamentos abiertos”, invitando a los actores involucrados en el sector agropecuario de cada territorio municipal, iniciando en Coquimatlán el 7 de mayo del 2022, para concluir en la capital colimense el 10 de septiembre del mismo año. Durante cinco meses pudimos recabar el sentipensar de nuestro Pueblo campesino y productor, resaltando en ese momento la preocupación de los altos costos de los insumos por la guerra Rusia-Ucrania, los alarmantes índices de enfermedades crónico degenerativas relacionados al uso de agroquímicos, la falta de regulación sobre la venta de los agroquímicos y la falta de organización de los productores.
Ante esas problemáticas sistemáticas que enfrenta el sector rural, la agroecología se plantea como la alternativa eficaz que permita tanto remendar el tejido social, generando alternativas ante los fertilizantes y mejor preservar los ecosistemas: captación de agua, de dióxido de carbono, etc.
De manera textual la ley define agroecología como un enfoque holístico e integrado que aplica simultáneamente conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y la gestión de sistemas agrícolas y alimentarios sustentable, con la pretensión de optimizar las interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente, a la vez que aborda la necesidad de sistemas alimentarios socialmente equitativos en los que las personas puedan elegir lo que comen y cómo y dónde se produce, representando un campo transdisciplinar que incluye las dimensiones: ecológica, sociocultural, tecnológica, económica, educativa y política de los sistemas alimentarios, desde la producción hasta el consumo.
Con ello en Colima el Pueblo sembró un precedente histórico importante, al reconocer y visibilizar practicas alternativas a las mal llamada “revolución verde”, para ello, la Subsecretaría de Desarrollo Rural será la encargada de establecer, coordinar y evaluar la política estatal en materia de desarrollo agroecológico. Por su parte la Secretaría de Educación y Cultura, promoverá el desarrollo de procesos educativos integrales que orienten a la construcción de una perspectiva agroecológica, procurando los principios transversales del respeto, reconocimiento y valoración de las comunidades, sus conocimientos, innovaciones y prácticas asociadas con los sistemas tradicionales de producción de alimentos, las semillas y variedades nativas, los patrimonios bioculturales y la agrobiodiversidad, en los niveles Básico, Medio Superior y Superior, algo importante, deberá establecer espacios educativos para el fomento de la agroecología y fomentará, recuperará, reconocerá los saberes, conocimientos, así como los recursos y practicas ancestrales y difundirá el patrimonio biocultural del Estado y de aquellos con un enfoque agroecológico. De igual forma, fomentará y motivará el consumo de alimentos saludables en la comunidad escolar.
Por su parte el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, tendrá un rol importante en la transición agroecológica ya que le tocará llevar acabo un registro de las unidades de producción de huertos urbanos agroecológicos en coordinación con los Ayuntamientos, con enfoques de soberanía alimentaria, de protección al medio ambiente y a la crisis climática, así como dirigir el fomento y promoción de la importancia de la producción agroecológica y los sistemas tradicionales de manejo de tierras para la soberanía alimentaria; Coordinarse en forma permanente con la Secretaría, organismos e instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como los sectores social y privado, para instrumentar las acciones tendientes a fomentar la agroecología, en los sectores públicos y privados en el Estado, y Coadyuvar con las Autoridades competentes en el fomento de talleres, ponencias, asambleas, foros, reuniones entre otras, para prácticas agroecológicas en materia ambiental.
Con ello quedan definidas de acuerdo a la Ley Agroecológica las funciones de las diferentes instituciones encargadas de empujar, sin embargo, tenemos claro como dice el presidente AMLO, debemos empujar al elefante, reumático y perezoso, para ello en Colima la sociedad civil, la ciencia y tomadores de decisiones nos articulamos para conformarnos como Red Estatal Agroecológica, con el objetivo de incidir en la política pública para la Transición Agroecológica, atendiendo el llamado que nos dio nuestra gobernadora Mtra. Indira Vizcaíno Silva el 10 de abril del año 2021 en la reunión con diferentes niveles de gobierno entre ellos CONAHCYT para incidir en dejar de ocupar los primeros lugares en enfermedades crónico degenerativas. Así lo hemos realizado desde entonces, en próximo articulo realizaré un balance de los avances.
Chikahuak

*Mtro. en desarrollo rural Alfredo Álvarez Ramírez / Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del H. Congreso del Estado de Colima. Integrante fundador del Frente en Defensa del Maíz.

 

 

El movimiento estudiantil en Colima y la gratuidad educativa

 

Josué N. de la Vega M.

Bloque Popular

1.- El artículo “Las resistencias a la gratuidad de la educación superior en Colima: UdeC para todos”, publicado en el periódico digital Tlanesi, es necesario su reproducción en el seno universitario, la intención es iniciar un debate-intercambio de ideas en la comunidad, para ello, hay que iniciar con la formación de células estudiantiles que sirvan de columna.

2.- El derecho a la gratuidad no solo es en la educación superior sino también en la media superior, que tiene el mismo rango de importancia que el resto de los derechos constitucionales, como la educación básica y media, salud y vivienda. Como lo señala el autor del artículo de marras, ya hay experiencias de lucha como la impulsada hace unos pocos años por el Colectivo Resistencia Estudiantil (Core) que emprendió acciones para hacer efectivo lo que constitucionalmente está establecido: la gratuidad de la educación en media superior y superior.

3.- Los logros no fueron sin embargo los originalmente deseados al circunscribir el Core, por influjo de los asesores de Morena, la lucha en los límites jurídico-institucionales, teniendo como único eje articulador, el amparo; estrategia que llevó a abandonar la formación de piquetas en las diferentes escuelas, la realización de asambleas y la distribución de volantes. Se prefirió la lucha en petit comité y no ampliar el movimiento más allá, es decir, a los recién aprobados y no acreditados en el examen de admisión.

4.- Entre las muchas acciones realizadas, varios muchachos interpusieron recursos de amparo, y algunos de ellos obtuvieron la protección de la Ley, para el resto –la gran mayoría- la respuesta jurídica sigue en litigio, lo más probable es que la resolución vendrá cuando él o los alumnos hayan concluido sus estudios. El problema está entonces en que el ejercicio del derecho constitucional de educación gratuita es en lo individual, y tiene como finalidad la protección de los privilegios de la burocracia universitaria y del erario federal.

5.-Las reformas constitucionales y la ley de educación dejan en el limbo la defensa del derecho universal de gratuidad. De ser colectivo lo convierten en individual. Para obtener su protección, uno debe recurrir a los tribunales, buscar abogado, pagar por sus servicios, ampararse, y tener mucha paciencia. Es una artimaña política para empantanar al movimiento estudiantil en los vericuetos legales, iniciando con el abogado general de la universidad y finalizando en los entretelones de la burocracia del poder judicial. Para no quedar enredados en esas nefastas redes, la estrategia de lucha debe ser principalmente política.

6.- Estamos de acuerdo que la autonomía universitaria permite a la comunidad establecer sus políticas financieras, sus planes de estudio, el manejo de sus recursos, el cobro o no de las cuotas escolares, el problema está que a las universidades les ha sido cercenadas esas facultades por mecanismos meramente administrativos, pues hoy se ejercitan a través de las políticas públicas federales que marcan objetivos y metas a las instituciones de educación superior, que de no acatarlas son castigadas presupuestariamente.

7.- Uno se pregunta, cómo vencer el apresamiento del espíritu universitario por el aparato gubernamental. El ejemplo, de alguna manera, nos los dan las luchas que han dado, desde 1987, los estudiantes de la UNAM contra la política neoliberal en sus campus. Sus luchas han dado las pautas al movimiento estudiantil nacional. Ellas son ejemplo de organización, de movilización, de toma colectiva de decisiones, de capacidad propositiva. Gracias a ellas, han logrado frenar en diferentes ocasiones -1987, siendo rector Jorge Carpizo M., y en 1999, Francisco Barnés de Castro- los intentos de aumento de colegiaturas, logrando el congelamiento, hasta hoy, en 200 pesos del valor de hace medio siglo, y al mismo tiempo, han defendido el pase automático de los bachilleres a la educación superior, e impedido el establecimiento de una estructura académica abiertamente de corte neoliberal, como el intento de convertir las carreras en técnicas. Hoy la UNAM es la más importante de los centros de educación superior en el país y una de las 10 en América Latina.

8.- Lo anterior expresa que la lucha estudiantil y la gratuidad, no son variables que limitan a las instituciones universitarias, por lo contrario, donde se cierra los espacios de participación a la comunidad estudiantil, a la libertad de expresión, de organización, son ejemplo de corrupción, de caciquismo, de porrismo, y de subordinación abierta al poder gubernamental.

9.-Un ejemplo de lo último es la UdeC, sumisión que se refleja en diferentes modos, iniciando con los nombres que llevan los auditorios de las facultades y escuelas, que son de políticos que no contribuyeron o no han contribuido a lo largo de su vida al desarrollo de la ciencia, del pensamiento filosófico, de las artes, al conocimiento económico y social de Colima. Son personas que no han sobresalido en la educación, en la ciencia y menos, en la defensa de la educación pública. Sus nombres en un espacio universitario son una humillación al pensamiento científico que en las aulas y cubículos de la Universidad de Colima se desarrolla a diario. El movimiento estudiantil debe de rebautizar los auditorios estableciendo los nombres que la comunidad de cada facultad escoja, y abrirlos a la libre discusión. Desde allí empieza a manifestarse la emergencia e independencia del nuevo pensamiento. Se debe luchar por que dejen de ser cárceles del pensamiento, lugares de alabanza de funcionarios y espacios de actividades aprobadas únicamente por el director del plantel o las autoridades superiores.

10.- La transformación de la Universidad de Colima se logrará cuando el lema de “Estudia, Lucha y Trabaja”, que hoy es una entelequia, el movimiento estudiantil lo convierta en sustancia dinámica que recorra los rincones de la universidad, para eso debe luchar en fortalecer la universidad como un espacio abierto al tiempo; llevar a la comunidad al estudio de la sociedad, de los cambios sociales, políticos, económicos y ecológicos que en ella se dan, estudiar las nuevas formas de actuar de los grupos sociales, las formas de dominación, y con base a ello, transformar, con el trabajo, manual e intelectual, la sociedad para darle una nueva oportunidad de florecer.

11.- El movimiento estudiantil de Colima tiene pendiente la discusión de la Ley Orgánica (LO) de la Universidad en donde se establezca la gratuidad de la educación en todos sus niveles, después reformar el reglamento escolar. Es importante que en el seno universitario se lea y discuta la nefasta propuesta presentada por los diputados morenistas ante el Congreso Local en 2021, con el propósito de dar claridad a los estudiantes y trabajadores sobre la traición que cometió Morena. Usamos el adjetivo en virtud de que la misma era contraria a la autonomía, proponía, entre otros temas más, que la elección de rector quedara en manos externas universitarias, llámense empresarios o intelectuales. Ese proyecto hacía tabla rasa a la exigencia de años del movimiento estudiantil y de los trabajadores universitarios: la democracia en toda la estructura de la instrucción. El proyecto de Ley se elaboró y tramitó a espaldas de la comunidad, nunca fue presentada a la comunidad para su discusión y aprobación.

12.- Es importante impedir que, los partidos políticos, entre ellos Morena, impongan sus intereses en el seno universitario; el movimiento estudiantil tiene gran responsabilidad de frenar cualquier intento. Debe dar muestras de independencia y combatividad y deslindarse de este tipo de propuestas de Ley Orgánica que cercenan la autonomía y democracia. Los espacios democráticos universitarios se construyen a diario contra los intereses de la burocracia y la representación del pensamiento empresarial en la institución. Dichos espacios no son entidades metafísicas y ahistóricas, son producto de la lucha diaria.      

 

 

Las resistencias a la gratuidad de la educación superior en Colima: UdeC para todos

                                                                                                    

Por Octavio Muñoz Mendoza

A principios de 2021, en plena pandemia por Covid 19, un grupo de estudiantes liderados por el Colectivo de Resistencia Estudiantil (Core) promovió con las autoridades de la Universidad de Colima la reducción del pago de la cuota por laboratorios y talleres en sus recibos semestrales, pues a causa de pandemia la educación era a distancia y sencillamente no los usaban.

Dicho planteamiento derivó en la presentación de más de una treintena de demandas contra el cobro de colegiaturas en la Universidad de Colima, en razón de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 15 de mayo de 2019, del decreto que señalaba que toda educación otorgada por el Estado será gratuita.

La lucha sociolegal ha tenido muchas aristas: por un lado cierta resistencia de los juzgados federales requiriendo la presencia personal de cada uno de los estudiantes para corroborar las demandas presentadas, lo que generó que estudiantes de fuera de la capital colimense, donde tienen su sede los juzgados federales, no pudieran presentarse a ratificar sus escritos, exigencia excesiva y que no es requerida en ningún otro tipo de juicio; por otro lado, cierta resistencia de sectores de la Universidad de Colima, al presentar cuanto recurso puede para evitar el reconocimiento judicial de un derecho constitucionalmente tutelado. Y al final, el temor de cierto sector de la sociedad estudiantil de creer que por la exigencia de un derecho contraviene cierta lealtad a la universidad, este último fenómeno explicado por la reticencia de las autoridades universitarias a reconocer un derecho que ya forma parte de la Constitución Federal.

Al tiempo, mientras se interponían las demandas de amparo exigiendo la gratuidad de la educación superior en la Universidad de Colima, y después de una álgida discusión en el Congreso de la Unión, fue publicado Decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior el 20 de abril de 2021. En dicha ley se establecía la gratuidad de la educación a partir del ciclo 2022-2023, por esta razón los juzgados federales establecieron la gratuidad de la educación sólo para el nivel bachillerato, en razón a una reforma anterior, pero señalaron que la educación a nivel licenciatura tendría que esperar al ciclo 2022-2023.

Siguiendo esta lógica, en el ciclo 2022 se presentaron nuevas demandas, mismas que fueron ganadas a favor de los estudiantes, a razón de la disposición de la Ley General de Educación Superior que señalaba lo obligatoriedad de los esfuerzos de las instituciones para garantizar la gratuidad a nivel superior a partir del 2022-2023. Sin embargo, la oficina de abogados de la Universidad de Colima ha recurrido una a una las resoluciones ganadas, cuestión que sigue en litigio.

Como todo derecho y su reconocimiento social, le precede una cierta lucha y resistencias. Con sus distancias algo parecido sucedió con el voto femenino, la jornada laboral de ocho horas y los derechos sociales en su conjunto. En lo local, hay ciertas opiniones para negar el derecho a la educación superior gratuita, entre ellas destaco las opiniones centradas en la razón financiera, las de autonomía de la universidad, la del costo de la educación como medio para valorarla y las de lealtad a la misma universidad.

En la primera, la razón financiera, señalan algunos que por poco presupuesto de las universidades públicas, es imposible que exista gratuidad en las mismas, pues ¿de qué se sostienen las universidades? Es una cosa que puede resultar real en alguna parte, pero no del todo cierta. Así, en el caso de la Universidad de Colima, el ingreso por colegiaturas no excede del seis por ciento del total de sus ingresos, pues al ser una universidad pública su financiamiento es en gran parte de la federación y luego del gobierno del estado.

Aquí la cuestión que habría que preguntarse es ¿qué tanta transparencia tienen las autoridades universitarias con la sociedad y con sus estudiantes en relación al presupuesto público que ejercen? Y, si la UdeC tiene un presupuesto insuficiente ¿el precio lo tendrían que pagar los alumnos? ¿No tendría que gestionarse un mayor presupuesto ante los sectores públicos competentes? ¿No será esa una tarea de las autoridades universitarias y del estado en su conjunto? Me parece que la falta presupuestaria, si existiere tal, no tendría que afectar al estudiantado.

Otros señalan que, por autonomía de la universidad, ésta puede determinar si cobra, cómo cobra y cuánto cobra, pues las universidades tienen esa facultad de autogestión. Planteamiento que olvida que las propias universidades públicas, por este solo carácter público están sometidas a la Constitución Federal, a sus derechos humanos y que la autonomía, si bien, centrada en la gestión y sobre todo en el abordaje académico, no puede dar la espalda a la transparencia y la rendición de cuentas de la sociedad, que sostiene los entes públicos, a través de sus impuestos.

Otros dicen que la educación superior debe costar para valorarla, que si se tiene el dinero es necesario que se pague, si no los alumnos seguramente van a desvalorizar la escuela y no harán un esfuerzo por aprender. Dicho planteamiento olvida que el derecho a la educación superior tiene la gratuidad como medio para el mayor alcance social de la misma, mas no significa que se demerite la necesidad y exigencia académica que deba tener el estudiante, quien por supuesto debe buscar realizar su mejor esfuerzo para aprovechar las herramientas de educación que las universidades como centros públicos le permiten para el escalonamiento social.

Hay también quienes señalan que por lealtad a la universidad ningún estudiante se debería amparar, pero ellos mismos olvidan que la búsqueda de la exigencia de un derecho, no es motivo de afectación ni pleito con nadie. Si al final la Universidad de Colima es orgullo de nuestro estado, todo lo que mejor abone en su constitución tendría que ser bienvenido y si, la educación al ser en el fondo liberadora, implicará un autoexamen crítico que cualquier institución educativa debería procurar realizar, no así, evitar. ¿No tendría que ser la educación un medio para el mejoramiento social?

Es tiempo entonces que se hagan esfuerzos, primero por cambiar el reglamento escolar de la Universidad de Colima, y no se exija como obligación el pago de colegiaturas para considerar a una persona como estudiante, tal como si el pago fuere un requisito tan indispensable como el aprovechamiento escolar. Y después, que las instituciones competentes busquen fortalecer la transparencia y la vida financiera de la Universidad de Colima y además sea reconocido el derecho a la educación superior en su modalidad de gratuidad, como un derecho real de los estudiantes, no una mera concesión de las escuelas con algunos estudiantes que suplican apoyo.

Al final se puede pensar en estrategias donde las colegiaturas sean de carácter voluntario, pues también es justo que quien pueda, aporte más a la universidad de Colima y con ello a la sociedad, pero sin que ello implique rechazar a quienes por sus medios no pueden pagar la universidad y con ello hacerse de un mejor futuro.

 

 

Elecciones y lecciones de la historia

 

José Martínez Cruz

Las elecciones de 2024 ya están en curso y las campañas adelantadas muestran las contradicciones que se expresan en todos los partidos, a la vez que indican los retos que se tienen en las organizaciones y movimientos sociales independientes. Más allá de las apariencias, es necesario tratar de descubrir lo que está en juego. Asumir que la izquierda socialista no tiene un punto de referencia propio en éstas elecciones no implica abandonar las perspectivas de la lucha. Por el contrario, se requiere más que nunca fortalecer una perspectiva autónoma e independiente desde las trincheras que nos toca construir.
Así lo hemos hecho desde inicios de los años 70s cuando recién iniciábamos a participar políticamente en el movimiento estudiantil que recibió su baño de fuego el 10 de junio de 1971, con una izquierda perseguida y reprimida violentamente por las políticas autoritarias y represivas del Estado. Si bien la Constitución garantiza la libertad de expresión y de organización, en la práctica se impedía la participación política por el sistema de dominación priista. En 1976 participamos en la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y con las doñas del Comité de familiares de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos y decenas de organizaciones, formamos el Frente Nacional contra la Represión, que, entre otras demandas, presentó una iniciativa de Ley de Amnistía, misma que, con modificaciones, fue aprobada en 1978, dando paso también a la reforma política desde arriba que abrió la posibilidad de registro legal para partidos de izquierda comunista y socialista, dando pie a que años después, en 1982, postuláramos a Rosario Ibarra de Piedra, como la primera mujer candidata a la presidencia de la república. El objetivo principal de la campaña electoral con el lema “Arriba los de Abajo. Por un Gobierno Obrero y Campesino”, fue avanzar en la construcción de un movimiento independiente de la clase trabajadora, desde las fábricas y centros de trabajo, desde los campos de cultivo y las colonias populares, impulsando las derechos de las mujeres desde el movimiento feminista y los derechos lésbico-gay desde el movimiento de la diversidad sexual, así como los derechos humanos y las libertades democráticas con el surgimiento de organizaciones no gubernamentales.
Mirar lo que se construyó durante décadas nos permite asumir autocriticamente que las divisiones y rupturas en la izquierda impidieron cristalizar un poderoso movimiento autónomo que lograra alcanzar los objetivos de una transformación revolucionaria de la sociedad. Sin embargo, muy lejos de la frustración o de la desilusión, podemos asegurar que estos años y décadas de lucha han contribuido a construir una serie de derechos que se han alcanzado mediante la lucha y no han sido dádivas desde el poder como nos lo quieren hacer creer.
Podemos asegurar que a lo largo de cinco décadas la izquierda ha contribuido con su dedicación y esfuerzo militante, a conquistar derechos que no se hubieran logrado de otra manera. Ese aporte histórico se trata de invisibilizar por quienes controlan las medios de comunicación y el aparato de dominación ideológico, pero aparece por las grietas del poder, como se muestra en los dimes y diretes del debate y descalificaciones surgidas a partir de los libros de texto, donde se dan algunos pincelazos de hechos históricos de luchas sociales que deben ser conocidos por las nuevas generaciones y que los sectores retrógradas tratan de descalificar mediante toda clase de insultos a quienes han luchado por construir una sociedad de igualdad de derechos, sin explotación, sin opresión, sin discriminación y sin violencia.
Si bien el debate en el seno de la misma izquierda sigue presente sobre las alternativas a seguir en el proceso electoral actual, es claro que hoy en México no hay un solo partido legal que pueda representar las aspiraciones de emancipación. La ausencia de debate de ideas y programas entre las dos fuerzas principales que están en la disputa electoral, lleva a espectáculos lamentables y denigrantes de insultos y descalificaciones, que en realidad muestran como se reciclan de un partido a otro sin el menor pudor ni principio ético en el quehacer político. No hay alternativa creíble entre optar por quienes llegaron con la promesa de que todo cambiaría y terminaron preservando el mismo sistema de dominación y mucho menos por quienes quieren regresar al poder para aplicar las peores recetas de lo que ya hicieron con las consecuencias nefastas para la inmensa mayoría de la población.
Escuchar y analizar todas y cada una de las propuestas y planteamientos de precandidatos no debe llevar a abandonar las propias alternativas de lucha de la clase trabajadora y el campesinado pobre, de los pueblos indígenas y de las mujeres en lucha. Hacia 2024 no se ha logrado reconstruir una opción como la que se impulsó con la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores y la otra campaña con Marychuy como candidata y se ve lejana la posibilidad de lograrlo, pero se han dado pasos significativos en los procesos de unidad y lucha desde la Asamblea Nacional Popular que tiene en el centro a las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa con la exigencia de que se abran los archivos militares hasta lograr la verdad y la justicia, de igual manera está la convocatoria a la Convención Nacional Democrática de las y los Trabajadores que ha realizado la Nueva Central de Trabajadores para el 28 y 29 de septiembre en las instalaciones del SME, así como las jornadas de articulación de las luchas en defensa del agua y la energía eléctrica como un derecho humano, además de pronunciamientos como el realizado por el Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena del 6 de agosto de 2023, a 30 años de la aprobación de la Ley Revolucionaria de mujeres del EZLN, por un mundo libre de machismo y de violencia, así como las luchas contra el feminicidio y otras donde empeñamos nuestros mejores esfuerzos desde donde nos encontremos.
Los caminos de la vida se construyen andando. Construir esperanza organizada con perspectiva de futuro es el desafío actual.

 

 

Aprender a soñar y trabajar junt@s por los derechos indígenas

                                                                         Foto: LaJornadaMorelos

 

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla

Si luchas por alcanzar un sueño, tienes que despertar conciencia organizada. Los objetivos de los pueblos indígenas se construyen colectivamente. Así ha sido a través de los siglos de resistencia frente a las políticas de dominación colonial, de explotación y opresión, de exclusión y violencia que generan miseria a pesar de contar con tierras y territorios que han protegido con sus propias vidas.
Este 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y se expresaron dos visiones: una de quienes desde arriba siguen pensando que pueden pasar por encima de los derechos de los pueblos indígenas mediante sus propios megaproyectos de un tipo de desarrollo capitalista que así les conviene; otra desde abajo donde los pueblos reivindican su identidad, su cultura y tradiciones a la luz de construir un futuro distinto en donde se respeten sus derechos a la tierra, el territorio y a su libre determinación.
Como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo: “El Convenio núm. 169 tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del Convenio. El Convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.” Ello es importante “Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”, sobre todo hoy ante la devastación ambiental y las guerras que dividen y fracturan a las naciones.
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la ONU Derechos Humanos, recordó que el derecho a la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas debe ser protegido y garantizado, reconociendo y manteniendo presente el valioso legado de las personas indígenas que han sido asesinadas o desaparecidas por defender sus derechos, pueblos y comunidades, e hicieron un llamado a las autoridades a redoblar esfuerzos para crear un ambiente seguro para el ejercicio de sus derechos.
Desde la comunidad indígena de Alpuyeca se construye una perspectiva de lucha en defensa de la libre determinación y en el ejercicio de su autonomía. Han señalado que la libertad significa la oportunidad de ser lo que nunca pensamos que seríamos: “Seamos el cambio que queremos ver en el mundo…” recuerda que, “Las semillas que plantemos hoy, serán los frutos que recogeremos mañana…” Teniendo siempre presente que: “Nuestro futuro depende de lo que hagamos hoy…”.
Días de celebrar y conmemorar la existencia y resistencia misma de los pueblos indígenas que lucen sus mejores atuendos, bordados durante todo el año y tejidos con sus propias manos, dando luz y alegría a propios y extraños, diciendo: “Con raíces bien firmes, dejemos que el tiempo nos ayude a renovarnos, porque renovarse es vivir intensamente.”
Por ello, se llevan a cabo trabajos de organización que implican difusión, invitaciones, estudio de leyes y reglamentos, reuniones, asambleas, visitas a las instituciones como el Congreso del Estado y las oficinas de la ONU-DH, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas o del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para documentar y fundamentar sólidamente la iniciativa de ley para la creación del municipio indígena de Alpuyeca.
Alpuyeca también nos dice que: “Durante ya casi cuatro años hemos estado solicitando que se legisle para garantizar nuestros derechos como pueblos indígenas y no hay obstáculo que no hayamos superado para seguir avanzando. Existe un mandato explícito de la máxima autoridad del pueblo que es la Asamblea General y el compromiso es luchar hasta alcanzarlo.”
Así pues, la conciencia de la identidad indígena es el criterio fundamental para hacer valer estos derechos colectivos. Los instrumentos internacionales sirven como normatividad que obliga a los Estados a dar cabal cumplimiento. Sin embargo, lo sabemos por experiencia propia, es únicamente a través de la lucha organizada como se llevan a la práctica los sueños y aspiraciones a una vida mejor. Cuando trabajamos hombres y mujeres sin obstáculos ni discriminación, estamos en mejores condiciones para enfrentar los retos de un futuro que solamente será posible si lo construimos colectivamente entre todas y todos.
“Porque amamos, luchamos… porque si has superado obstáculos que no creías que podías, imagina hasta dónde puedes llegar… seguir adelante hasta conquistar los sueños de nuestros ancestros, ancestras. Porque no hay nada más poderoso en la tierra, que un pueblo dispuesto a renacer…. Sí al Municipio Indígena de Alpuyeca.”