Que lo injusto no nos sea indiferente

 
 
Escrito por José Martínez Cruz
La violencia imparable y la muerte sin fin prevalece en Morelos. En tres meses y medio de 2023 hay reporte de 206 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, 143 no han sido localizadas y de las 63 localizadas, 4 sin vida, sin incluir 6 que están en proceso de identificación genética. Los homicidios y feminicidios se mantienen a la alza y el gobierno sigue aplicando una estrategia fallida de militarización de la seguridad pública.
1. - Tres trabajadores de Ecatepec que vendían muebles, Eduardo, Isaías y Martín, fueron desaparecidos en Tehuixtla y sus familiares bloquearon la autopista Cuernavaca - Acapulco, hasta que fueron recibidos por el Fiscal General del Estado de Morelos. Se comprometieron a realizar todas las acciones de búsqueda. Y a informarles directamente los avances de la investigación. No fue así. Se enteraron por los medios de comunicación que encontraron tres cuerpos de personas sin vida. El proceso de identificación forense lleva tiempo y debe ser realizado conforme a los protocolos, para tener la certeza y evitar la revictimización. Están a la espera de que les entreguen los resultados del ADN.
2.- Tres jóvenes, dos hermanos y la novia de uno de ellos, Luis Enrique, Luis Javier y Noemí Guadalupe, fueron desaparecidos en la carretera a la altura de Huitzilac, cuando regresaban de la Ciudad de México, donde habían ido a practicarse unos exámenes médicos. Sus familiares realizaron un bloqueo de la carretera federal y el acceso a la autopista hasta que las autoridades los recibieron y realizaron un operativo de búsqueda, localizando los tres cuerpos abandonados en un camino de terracería rumbo a Fierro del Toro. El Instituto Nacional de Salud Pública, donde trabajaban, emitió un comunicado confirmando que se trataba de ellos y ella, exigiendo justicia.
3.- Autoridades comunales y ejidales de Santa María Ahuacatitlan, Lucio Ruiz y Rogelio Hidalgo, han sido asesinados en las propias oficinas donde atienden asuntos de tierras que han sido invadidas o vendidas una y otra vez, ocasionando severos conflictos agrarios sin que haya intervención de las dependencias del gobierno encargadas del sector para establecer un plan integral de protección de la tierra y el territorio. Ahí mismo fue asesinado el Abogado Héctor Soto, quien litigaba asuntos agrarios y que ya había recibido amenazas si continuaba asesorando casos que implican fuertes intereses económicos. No hay avance alguno en las investigaciones.
4.- Fue asesinado el ayudante municipal de Tetecolala, Antonio Ceballos, en un paraje ubicado en terrenos comunales de Santa Catarina, Tepoztlan, dentro del área de reserva ecológica de El Texcal.
Con anterioridad han ocurrido atentados contra los representantes del Comisariado Auxiliar de Bienes Comunales de Santa Catarina, Catalino Santiago Salazar y Mauricio Franco, solo que, a diferencia de los casos mencionados donde no ha habido ninguna detención, aquí se detuvo al agresor que fue detenido en flagrancia y ya sentenciado por homicidio en grado de tentativa.
5.- Otros casos de ambientalistas asesinados en Morelos, como Rodrigo Morales de Cuernavaca, el abogado Medardo Herrera de Jiutepec y el mismo Samir Flores Soberanes de Amilcingo, permanecen en la impunidad, sin justicia ni verdad de lo ocurrido. También se han cumplido ya 3 meses de la desaparición forzada de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en Michoacán y no hay información sobre su paradero.
6.- Durante los meses de enero a abril de 2023 se han llevado a cabo más de 330 homicidios en Morelos, incluyendo varios casos de feminicidio, de acuerdo a lo que informaron los diputados del Congreso del Estado durante la reunión que llevaron a cabo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, para revisar las acciones legislativas sobre la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. El informe de la CIDHM establece que en 2022 hubo 107 feminicidios en Morelos, el más alto índice ocurrido en los 22 años desde que se inició la documentación de éste tipo de casos.
7.- La falta de una política de seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos de todas y todos en Morelos, ha significado la pérdida de miles de vidas y el establecimiento de un miedo social que trata de paralizar las respuestas de la población para exigir justicia y un alto a la impunidad.
8.- No lo van a lograr. Cada vez crece más la inconformidad y la organización de familiares y colectivos que se atreven a salir a la calle y a exigir que no haya oídos sordos de quienes ocupan cargos en los tres niveles de gobierno. Hoy más que nunca es necesario fortalecer la solidaridad y la conciencia organizada para defender los derechos humanos de todas y todos.
9.- Un duro golpe anunció el gobierno de López Obrador contra la huelga del SUTNOTIMEX, al pretender desaparecer la agencia de noticias del Estado Mexicano, luego de 3 años de huelga. Nuestra solidaridad con su legítima lucha en defensa de los derechos laborales y sindicales.
10.- Agradecido con quienes me dieron la vida y con quienes me han acompañado y fortalecido durante éstos 68 años de andanzas y luchas por transformar la realidad que nos toca vivir. Nos sobran los motivos para celebrar hasta el último aliento, porque amamos, luchamos.
 
 
 

Militarización, desapariciones y derechos humanos

Imagen ilustrativa/ Facebook SEDENA.

 

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

El proceso de militarización de la seguridad pública contraviene la normatividad internacional en materia de derechos humanos y favorece las tendencias autoritarias y represivas del Estado, como se ha demostrado en el crecimiento de las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y denuncias de tortura cometidas por soldados y elementos de la Guardia Nacional, así como labores de persecución y espionaje contra activistas sociales y familiares de víctimas de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa como Melitón Ortega, Vidulfo Rosales y Abel Barrera. La ejecución de 5 personas por parte del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando estaban desarmados y fueron ejecutados algunos de ellos con tiro de gracia, mostró la gravedad de la situación al polarizar nuevamente la escena política, cuando fueron detenidos dos militares acusados de no haber acatado las órdenes superiores, saliendo a las calles a protestar familiares de soldados con el apoyo de fuerzas políticas de derecha que reclaman mayor poder al Ejército a pesar de que quedó demostrado que actuaron con uso excesivo de la fuerza. Si tomamos en cuenta que el Ejército ha participado en graves violaciones a los derechos humanos desde los años 60s a la actualidad, vemos con preocupación cómo se le da mayor poder, desde Calderón en 2006, pasando por Peña Nieto cuando ocurrieron las desapariciones en Iguala, hasta la fecha con López Obrador que se ha legalizado lo que es anticonstitucional. El poder del Ejército es tal que se ha negado a entregar todos los archivos de la represión a pesar de que se lo ha ordenado el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente de la República, como claramente lo señala nuestra Constitución Federal. En relación a lo anterior en estos días se han dado a conocer acciones de espionaje aplicando el programa "Pegasus" que adquirió el gobierno anterior pero que éste no ha eliminado como fue su compromiso.
Madres y padres se reunieron con organizaciones sociales, estudiantes, normalistas y autoridades comunitarias de la región de la Montaña, donde concluyeron que la nueva narrativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende cerrar el caso sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Resaltaron que las investigaciones se estancaron cuando se responsabilizó al ejército mexicano, no sólo por su omisión, sino por su participación directa en los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre del 2014. Ya han pasado 8 años y cinco meses sin que las 43 familias sepan nada de sus hijos, al contrario, el ejército mexicano no ha tenido la voluntad mínima de poner a disposición la información que tiene en sus manos para esclarecer el caso.
A pesar de que Andrés Manuel López Obrador hizo un compromiso con las familias para llegar a la verdad y a la justicia, sólo se quedó como promesa. Los avances más importantes fueron la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) integrada por el gobierno y las madres y padres de familia en 2018, apoyados de la asistencia técnica de un grupo de expertos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Había muchas expectativas para esclarecer los hechos de Iguala, lo que generó la desmovilización de las familias para dar seguimiento a las reuniones de la CoVAJ y con el presidente de la república, lamentaron las madres y los padres.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sacó información y llegó a la conclusión de que el ejército mexicano estuvo monitoreando a los jóvenes desde el inicio hasta el momento de la agresión, había soldados inscritos dentro de la escuela que hacían la labor de vigilar y dar información, incluso uno de los 43 era militar. El C4 estaba bajo el mando de militares. Con las suficientes pruebas de que el ejército había participado, las madres y padres exigieron más información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aquí fue donde se estancó todo. Las familias se enfrentaron con el presidente porque estaba protegiendo a los militares, solo por eso dio instrucciones para que el ejército diera la información que tiene del caso Ayotzinapa. Se habló de 53 responsables, y de esos 5 son militares, entre ellos el comandante del 27 batallón, José Rodríguez Pérez. Por todo ello, este 26 de marzo se llevará a cabo la 102 Acción Global por Ayotzinapa y México porque nos siguen faltando los 43 estudiantes y más de 112 mil personas desaparecidas desde 1964 a la fecha. Es necesario seguir luchando de manera consciente y organizada, hasta que la dignidad se haga costumbre.

 

 

Tengo miedo de compartir esto, pero ¡Ya basta!

 

Compartimos testimonio de un abuso de elementos de la Guardia Nacional en Colima. 

Tengo casi 43 años viviendo en esta hermosa ciudad y nunca había pasado por un episodio tan de miedo como el que me sucedió el 23 de febrero de 2023. Quizá suene exagerada o para alguien parezca cosa cotidiana, de rutina, pero para mi no.

Los tiempos de aquel Colima donde nada pasaba o pasaba todo y nos hacíamos de la vista gorda, ya han terminado, ahora todo está expuesto y a la vista de todas las personas, como estuve yo aquel jueves por la tarde cuando iba de prisa camino a mi trabajo.

Generalmente tengo la fortuna de trasladarme en auto a la mayoría de lugares a los que voy, pero a últimas fechas por situaciones con horarios laborales entre mi pareja y yo, algunas veces prefiero caminar a la oficina, que no está lejos de casa, y de paso aprovecho para, por lo menos dar una caminata como ejercicio. Esa tarde dudé en irme caminando, pero lo preferí a estar casi dos horas antes donde debía. Eran pasadas las 4:30 de la tarde de ese jueves 23 de febrero, casi el cumpleaños de mi mamá, e iba pensando en la sorpresa que se llevaría el sábado en Quesería al ver a su familia reunida para festejarla. Caminaba por la Av. Maclovio Herrera rumbo al centro de la ciudad, iba a paso apresurado ya que a las 5:00 tenía asuntos por atender.

Cuando camino disfruto de mirar con más detenimiento el paisaje y descubro detalles que al trasladarme en auto no alcanzo a notar. Antes de llegar a la tienda bodeguita Aurrera, por la misma avenida, alcanzaba a ver entre los cristales de una casa, el reflejo de los autos que circulaban en mi misma dirección, entre ellos, una camioneta de la guardia nacional, que me pareció se paró y me estuvo observando, pero seguí mi paso de prisa para llegar a tiempo al checador y no me descontaran el día.

En el cruce de las calles Balvino Dávalos y Maclovio Herrera, sorpresivamente los ocupantes de una camioneta de la guardia nacional, que asumo era la misma que había notado en los cristales de la casa de atrás, empezaron a gritarme que me detuviera porque me iban a hacer una revisión, así que también detuvieron el tráfico y entre gritos y manoteos empezaron a pedirme que colaborara con la revisión , bajaron la puerta de la caja de su camioneta, la golpearon y al tiempo me pidieron que pusiera mi bolso ahí y sacara todo para revisarme. Eran 3 hombres y una mujer uniformados, armados, con casco y cubiertos de la nariz hacia abajo con una tela negra o no se como le llamen a esa parte de su uniforme.

Yo, además de asustada y sorprendida a media calle, veía como desviaban los autos y como las personas de un restaurante y un taller cercanos, dejaban de hacer sus cosas por observar el numerito del que yo era protagonista. No comprendía lo que sucedía, entre gritos, miradas acusadoras, manoteos e intimidaciones con sus armas, me indicaban hacia donde moverme y dónde colocar mis pertenencias para la revisión. Repetidas e insistentes veces, uno de los “oficiales” me gritaba -¿estás segura que no traes algo que te comprometa?- a lo que yo respondía -¿qué me comprometa a qué o con quién?- y él contestaba a gritos, como si yo estuviera sorda o parada en la calle de enfrente, -¡te voy a revisar tu bolso y hazte para allá!-, señalando hacia una de las banquetas de la calle, -mi compañera es mujer y ella te va revisar a ti- yo, parada junto a la puerta de la caja de la camioneta, con mi bolso abierto, insistía -¿pero por qué me vas a revisar, por qué me estás deteniendo?, ellos sólo tomaron mi bolso y se lo llevaron hacia la parte de delante de la camioneta, yo me fui siguiéndoles para cerciorarme que todo fuera bien con mis cosas, pero uno de los elementos me paró con su arma por delante y me gritó, -¡qué te hagas para allá, te dije!, mi compañera te va revisar, ella es mujer- ella, la compañera mujer, sólo me miraba, pero seguí acercándome a mi bolso que ya lo tenían todo revuelto.

Los oficiales me seguían gritando y preguntando si estaba segura de no traer algo que me comprometiera, y yo insistía en mi contestación -¿qué me comprometa a qué o con quién?-. Ese día, yo había sacado un préstamo para mi papá, por lo que llevaba $6,800 en mi bolso, y eso fue suficiente para que me acusaran de “andar cobrando” y me dijeron, -¿por qué traes tanto dinero?- les expliqué el motivo, a lo que respondieron a gritos -¡ah! andas cobrando- y yo más asustada y estresada pregunté -¿cobrando qué? ya les expliqué la razón de ese dinero y por favor ya paren con esto que yo debo ir a trabajar y no se por qué me están deteniendo ni esculcando mis cosas- y uno de los elementos contestó –es que ya aprendimos a desconfiar de las mujeres- a lo que le respondí –eso es asunto suyo, no mío, o ¿me detuvo por ser mujer?- su respuesta fue –colabora y cálmate porque aquí estamos para prevenir delitos y tu tienes una actitud sospechosa, sola te haces la sospechosa- ¿sospechosa? ¿ sospechosa de qué?, no soy yo a quien deben estar revisando- respondí, al mismo tiempo que ya veía mi cara pegada en las paredes, jardines y mantas de personas desaparecidas, pensando que no volvería a casa, ni a ver a mis hijos ni a mi familia. Yo volteaba a ver a las personas que estaban de espectadoras, buscando entre ellas encontrar alguna mirada de empatía o confianza, de ayuda, pero no la encontré, y lo pude entender. Nunca me había sentido tan sola y desprotegida.

El tiempo pasaba y estas personas no dejaban de revisar mi bolso, en donde además de mi cartera, cargo chucherías como maquillaje, dulces, chicles, pastillas para migraña, plumas, mi celular, cargador, audífonos entre otros triques. Todo el tiempo las miradas intimidantes de estos servidores públicos estuvieron sobre mi, como buscando algún movimiento o actitud que me delatara de eso que tanto buscaban que me comprometiera y que hasta hoy, no se qué pudo haber sido.

Me preguntaron a qué me dedicaba, les contesté que trabajaba en un museo, y preguntaron de nuevo -¿a qué te dedicas?-, -soy comunicóloga y usted está faltando a mis derechos humanos, y como servidor público no tiene por qué gritarme ni maltratarme- respondí. Me pidieron que les mostrara mi credencial que me acreditaba como tal y les dije que no traía, sólo las identificaciones de mi trabajo y entonces dijeron en un tono despectivo –si no traes credencial de comunicóloga no eres comunicóloga-. Mi susto, desesperación, ganas de correr, gritar y llorar iban en aumento y temía no poder controlarme, tener un ataque de pánico y entonces sí, me dieran un levantón a plena luz del día, ante la mirada de pasivos espectadores.

La revisión de mi bolso continuó, sacaron todo, contaron mi dinero, esculcaron y revisaron cada una de las tarjetas de mi cartera, bueno, hasta mi celular que traía descargado lo pusieron a cargar y revisaron mis mensajes y conversaciones, preguntándome de nuevo -¿estás segura que no traes algo que te comprometa? estoy seguro que si busco encuentro algo en este celular, hasta un amante- sólo pude responder –no se qué busca ni que quiere encontrar, pero yo ya debo estar en mi trabajo, si no checo a las 5 de la tarde, me van a descontar el día y usted no me lo va pagar-

El elemento, según cumpliendo su trabajo, escuchó los audios de mi teléfono, leyó mis mensajes, revisó mis aplicaciones y seguramente no encontró lo que buscaba, porque me entregó el celular, mi bolso con todo volteado adentro y me siguió gritando –toma tus cosas y ya vete, pero antes revisa y cuenta tu dinero porque no quiero que digas que la guardia nacional te robó- a lo que contesté, mientras rápidamente tomaba mis cosas – no se preocupe, yo sí confío- y empecé a guardar lo que estaba en el asiento de la camioneta y ya para irme me gritó de nuevo –¡te dije que cuentes tu dinero, no quiero que andes diciendo que la guardia nacional te robó!- simplemente pasé los billetes de una mano a otra, fingiendo que contaba, pero como carajos puedo contar o hacer algo con tremendo susto, tanto grito, intimidaciones y falsas acusaciones. Sólo pensaba en salir corriendo antes que cambiaran de opinión y que hasta la compañera mujer me hiciera la tal revisión.

Sobra decir que salí huyendo del lugar, llena de miedo, con el llanto reprimido y corriendo porque ya iba tarde a checar.

Hasta hoy tuve la calma y serenidad para escribir este horrible episodio que me robó la tranquilidad de caminar por la calle, que me llenó de miedo y me hizo sentirme desprotegida en manos de quienes deberían proteger a la ciudadanía. Recordar ese momento aún hace que me den ganas de llorar y se me erice la piel.

Ya con más calma y más tarde, al revisar y ordenar mi bolso, me di cuenta que mis perlas de boldo estaban todas regadas, mis cosméticos destapados y me faltaba dinero.

Desconozco la estrategia que el equipo de seguridad de la ciudad de Saltadilla y sus chicas súper poderosas tengan para combatir a la delincuencia, pero el que sea, hasta el momento creo no ha dado resultados, o al menos no los esperados por la ciudadanía, aunque la mandataria estatal tenga y comunique otros datos. Tampoco sé bajo qué criterios se rijan los elementos policiacos, de la marina o guardia nacional, ni qué tanta autoridad tengan para detener, amedrentar, esculcar, acusar y señalar de sospechoso o sospechosa a cualquiera que se encuentren en la calle.

Seguramente no soy la única persona que ha pasado por una situación así, y sin temor a equivocarme, podría asegurar que no seré la última. De verdad deseo que esto pare, ¡ya basta! Colima ya tiene suficiente.

No quiero sentir de nuevo ese miedo, no quiero ni siquiera imaginar que no regresaré a casa, que no veré ni abrazaré a mis hijos, que mi familia no me verá más.

Tengo miedo de compartir esto, pero ¡Ya basta!

 

 

Del amor, la muerte y la necesidad de luchar contra el feminicidio y desaparición

 

Un saxofón en medio de la noche. En medio de la multitud que escucha asombrada los sonidos de la música, apareció una mujer tocando poderosamente y adquirió toda su dimensión el mensaje de quien sobrevivió al ataque con ácido que le deformó el rostro. Los acordes transmitieron el amor que se sobrepone a la violencia feminicida y permite mantener la esperanza de que la vida sea diferente a la que quieren acostumbrarnos los perpetradores de todo tipo de violencias. Elena es una de las mujeres que ha sufrido en carne propia la violencia machista y misógina, levantándose del más profundo abismo del dolor, para denunciar a sus agresores vinculados al poder político y exigir justicia. Logró que se detuviera al autor intelectual de su agresión, no así que este lograra su libertad de la prisión para ser llevado a prisión domiciliaria, por parte de un juez de consigna subordinado al poder político y económico de su victimario.
Una vida y mil formas de morir. Ariadna Fernanda fue localizada a la orilla de la autopista México-Tepoztlán por una pareja de ciclistas que viajan por los bosques para gozar de la naturaleza y descubrieron la infamia de quienes matan y desaparecen a mujeres como si fueran objetos desechables. Unos tatuajes permitieron identificar a quien, en otras circunstancias, podría permanecer en calidad de desconocida como miles de cuerpos en fosas comunes. La posterior comedia de enredos que se desató entre las fiscalías de Morelos y la Ciudad de México, el Congreso del Estado y la Fiscalía General de la República, en lugar de esclarecer las causas y las circunstancias de su muerte, para determinar responsables y victimarios, llevó a poner en evidencia las mil maneras de ocultar la verdad cuando se trata de la vida de las mujeres que son víctimas de desaparición y feminicidio.
Desde los años 90s se perfilan nuevas modalidades de desaparición, como documenta Roberto González Villarreal en su libro “La desaparición forzada en México. De la represión a la rentabilidad”, con la femidesaparición en Ciudad Juárez, que luego se extiende a todo el país. La organización de colectivos de familiares de víctimas de feminicidio y desaparición son indicativos de que algo ocurre en la vida cotidiana que debe reconocerse en toda su dimensión política y no solo jurídica.
Femidesapariciones. Mujer policía de Zacatepec reportada como desaparecida desde el 27 de septiembre fue encontrada sin vida. El cadáver de Yadira Guadalupe, de 34 años de edad quien laboraba en la corporación policiaca de Zacatepec, y de quien no se sabía de su paradero desde el 27 de septiembre del año pasado, fue localizado en el municipio de Xoxocotla sin vida. Ella interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos contra su mando superior jerárquico y casi cuatro meses más tarde fue encontrada sin vida. También hallan sin vida a una exagente del MP. Con diversos golpes, fue encontrada en el poblado de Xalostoc de Ayala; estaba desaparecida desde el 25 de diciembre. Igualmente encuentran sin vida a alumna de la UAEM. Horas después de haber subido a escalar, una joven fue encontrada muerta en un paraje del cerro “Del Mono”, en el municipio de Jantetelco; cuando concluyeron la búsqueda de Steffi Nadesha, 22 años de edad, cuyo cadáver fue localizado en el paraje “El Ahuehuete”. Más preguntas que respuestas.
Muerte sin fin. Ataque a un bar de Xoxocotla deja tres personas muertas. Dos hombres y una mujer fallecieron durante un ataque a tiros ocurrido a un costado de la carretera Alpuyeca-Jojutla. El multihomicidio ocurrió la madrugada de un domingo. Una mujer fue mortalmente atacada a balazos en la colonia Azteca, esa misma madrugada del domingo. No hay detenidos. Está en calidad de desconocida. Una trabajadora municipal en el área de Desarrollo Económico de este lugar fue asesinada a balazos al salir de su casa, la mañana del martes, en la colonia Azteca de este municipio. Al respecto, se trata de quien fue identificada como Rocío, que se desempeñaba como secretaria en el área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Temixco. Una mujer y un hombre fueron encontrados muertos en campos de cultivo de la colonia Gabriel Tepepa; ambas personas estaban atadas de pies y manos. Dos mujeres fueron asesinadas en Temoac. Los dos cadáveres, fueron hallados por campesinos de la región en campos de cultivo de la localidad de Huazulco. Los cuerpos, que presentaban golpes en el rostro y evidentes heridas de bala, no han sido identificados.
Sin rostro, sin historia, sin memoria. Disparan a bocajarro a la encargada de un bar. La noche de un domingo fue asesinada a un costado de la carretera México-Cuautla, en la colonia Lázaro Cárdenas. Los victimarios preguntaron por el dueño, pero no estaba, sin más razones que expliquen por qué le dispararon a ella. Nadie fue a reclamar su cuerpo. Qué soledad tan sola se queda en el alma. Matan a tres mujeres y desechan sus cuerpos en bolsas para basura. Colonia La Biznaga, campo de cultivo Los Pinos. Con un nudo en la garganta alguien se atreve a llamar por teléfono a la policía para balbucear lo encontrado a su paso rumbo a las labores de labranza. Nadie las identifica. Alguien las espera en algún lugar sin saber que ya nunca regresarán a casa. Identifican a mujer trans encontrada muerta. Renata Nicole. Con un balazo en la cabeza, la hallaron en la colonia Cerritos, junto con otra mujer cuya identidad se desconoce; tenía 29 años de edad la mujer trans que fue encontrada sin vida, en el municipio de Cuautla. La comunidad LGBTI expresa su indignación. Solo notas aisladas. Silencio gubernamental.
El feminicidio sin fin, las femidesapariciones imparables. ¿Hasta cuándo? En un país que se desangra cotidianamente, elevar las voces de protesta, unir las voluntades, expresar la solidaridad con las víctimas, es una necesidad para lograr enfrentar el odio misógino con la fuerza del amor y la lucha por la justicia, así como lo expresó la música del saxofón de una artista que sobrevivió al intento de feminicidio y sigue luchando por alcanzar la justicia que le han negado los jueces de este país.

 

 

 

¡Basta ya de persecución criminal en contra del pueblo peruano!

 

Pronunciamiento

Queremos, en primer lugar, en este inicio del 2023, extender nuestro combativo saludo a todas y a todos los presos políticos del mundo, ustedes representan a sus pueblos, son sus mejores hijos, es por eso que la burguesía y sus gobiernos reaccionarios se ceban cobardemente con ustedes al tenerlos tras sus rejas. El odio que les tienen es porque a pesar de que tienen preso su cuerpo, no su conciencia, no su ideología de lucha, no logran quebrarlos y someterlos. Este año redoblaremos nuestra lucha por su liberación hasta que no quede uno solo de ustedes en prisión.
En segundo lugar referirnos a que lo que sucede hoy en el Perú, no es más que un ejemplo de la política militar que el imperialismo norteamericano y sus lacayos, han aplicado desde hace varias décadas para impedir los movimientos revolucionarios y democráticos en el mundo, pero en particular en América Latina, es la continuación del Plan Cóndor desde los años setenta del siglo pasado, después de las derrotas sufridas en Vietnam y Argelia y la necesidad de modificar su modelo económico por la profunda crisis económica, vino aparejada la necesidad de desarrollar su estrategia militar contrainsurgente con la consiguiente represión y reaccionarización de los estados de América Latina. Así como es ampliamente sabido que la CIA y el FBI tuvieron implicación directa para la detención del Doctor Abimael Guzmán Reinoso, posteriormente para su asesinato y desaparición de sus restos, es claro que están detrás de los hasta ahora 47 asesinados en el país andino, tras las masivas movilizaciones y paros.
Esta intromisión imperialista, también a través de la OTAN y sus estrategias militares son las que ha aplicado ciegamente la derecha y ultraderecha peruanas hasta nuestros días, en donde a las organizaciones y masas que luchan las tildan de “terroristas”, ahora de “violentistas”, y con reaccionarias declaraciones gubernamentales de “no vamos a ceder hasta detener a los violentistas”. Esto significa más represión, más asesinados, más heridos, más presos políticos. A los que se les aplica el bestial Derecho Penal del Enemigo. Bestial, porque así actúa la policía y los militares peruanos, como bestias. Por las redes sociales están circulando múltiples videos, con escenas dantescas de golpes brutales a los jóvenes, trabajadores, comerciantes que se atreven a movilizarse a pesar de que en el Perú se persigue a las personas por sus ideas, de que no hay libertad de movilización, de organización y de pensamiento.
Todo esto con la total falta de condena internacional. Ya comienzan las detenciones arbitrarias, antecedidas de golpizas brutales. En un mitin en Lima, en el que participaron más de 500 personas, detuvieron a 200, ¡casi la mitad de los asistentes!, aunque salieron libres posteriormente les iniciaron procesos penales en su contra.
El 12 de enero, detuvieron con lujo de violencia, cruel y cobarde, a 7 dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y estudiantes universitarios: Stefany Alanya, Alejandro Manay, Piero Giles, Fernando Quinto, Yuliza Gómez, Alez Gómez y Rocío Leandro Melgar sin orden de aprensión, arrastrándolos por la calle ante la rabia e indignación de sus compañeros, e inmediatamente la campaña mediática, “terroristas”, “senderistas”. Que odio de clase en contra de dignos representantes del pueblo de Ayacucho. En las noticias de la televisión españolas del 13 de enero ya se habla de 330 detenidos.
En estas condiciones, tememos por la vida de los presos políticos revolucionarios, en particular de los dirigentes del Partido Comunista del Perú, de la profesora Elena Iparraguierre Revoredo y demás compañeros. A los que pueden asesinar y desaparecer, por la execrable ley, de la execrable constitución que el pueblo peruano quiere abolir. Exigimos al gobierno peruano respeto a la vida y a la salud de los presos políticos, incluyendo a los actuales.
Los presos políticos peruanos de ayer y los de hoy, NO SON TERRORISTAS, NO SON VIOLENTISTAS, son PRESOS POLÍTICOS y como tales debemos defenderlos la comunidad internacional. En 1961, Amnistía Internacional definió como prisionero de consciencia a «Toda persona a la que se le impide físicamente (por prisión u otras causas) expresar (por palabras o símbolos) la opinión que mantiene honestamente y que no defiende ni justifica la violencia personal» En 2012, la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo definió cinco características para que una persona pueda ser considerada como prisionera o prisionero político, de ellas resaltamos la primera “si la detención se hizo violando una de las garantías fundamentales establecidas en la Convención Europea de Derechos Humanos y sus Protocolos (en particular la libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión e información, libertad de reunión y asociación” (Parliamentary Assembly ce, 2012) ¡Totalmente aplicable para los presos políticos peruanos!
En estos momentos se vive en el Perú, una grave crisis general, dentro de los 40 años de crisis de acumulación del capital, de decreciente rentabilidad internacional, desde los fines de los 70s. Una grave crisis política, económica y social de la sociedad peruana, particularmente en los últimos 30 años de capitalismo neoliberal.
Es inaceptable que la ultraderecha genocida del Estado peruano siga imponiendo sus presidentes de la República y tenga el control en el Congreso. Se ampara en las genocidas fuerzas armadas y policiacas apoyadas por las fuerzas armadas y policiacas norteamericanas. Para servir a los intereses de la oligarquía financiera y mantener al pueblo en la miseria, la persecución política, la cárcel, la desaparición, el toque de queda, el terruqueo y el asesinato de decenas de civiles, política genocida y persecutoria extendida a todo el pueblo. Hoy impuesta por el gobierno asesino de derecha de Dina Boluarte.
En las combativas movilizaciones se ve la indignación y el hartazgo del pueblo y su rechazo al Estado que NO los representa. Con su movilización, las masas van comprendiendo que las elecciones no le sirven al pueblo, sencillamente porque su voto no se ha respetado. Su democracia burguesa solo ha beneficiado a los corruptos grupos de poder afectando a las amplias mayorías.
Las leyes contrarrevolucionarias que han impuesto desde el desarrollo de su plan genocida en el conflicto armado interno de 1980-1992 siguen aplicándolas y desarrollándolas. Con el reaccionario Plan Multisectorial contra el pueblo peruano y sus dirigentes (utilizando el Derecho Penal del Enemigo) hoy juzgan la intención que hubiese en las ideas, como “indirectas” y la organización, la manifestación, la opinión y las ideas, que el sistema judicial, las fuerzas armadas y policiales y la ultraderecha consideran, negando la Constitución, las leyes y los convenios internacionales, como terrorismo.
Lo que está sucediendo en el Perú, es una clara demostración de la razón que tuvo el Doctor Abimael Guzmán cuando fundamentó la necesidad de llegar a unos acuerdos de paz con el gobierno peruano, y posteriormente con la propuesta de luchar por Amnistía y Reconciliación Nacional. No hubo tales y de allí todos los problemas no resueltos desde entonces. Primero fueron los comunistas, luego los demócratas, ahora la persecución se extiende a todo el pueblo, como lo predijo. En el fondo la derecha peruana quiere tapar la crisis y el fracaso del modelo capitalista neoliberal persiguiendo, aterrorizando y deteniendo a la población que resiste y se moviliza.
Desde el 7 de diciembre, cuando la ultraderecha prepara y da un golpe de Estado, se desata la cruenta represión contra el pueblo que exige la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución con el pueblo y para el pueblo con la restitución de los derechos fundamentales, sociales y nacionales suprimidos o restringidos, con la derogación de las leyes antiterroristas y la liberación de todos los prisioneros políticos. Esta represión incluye muchos dirigentes secuestrados en Arequipa; el asesinato del dirigente de Cuzco. Se ha llevado a cabo la intervención ilegal del local de la Confederación Campesina del Perú y Nuevo Perú a quienes les sembraron pruebas, como machetes que estaban recién comprados. Los dirigentes no son responsables de los asesinatos y heridos de diciembre de 2022 y enero de 2023, los responsables son el Estado y el gobierno de derecha de Dina Boluarte y el gobierno de Estados Unidos.
Finalmente, nos solidarizamos totalmente con la posición de los presos peruanos organizados en el Comité Nacional de Prisioneros Políticos y de Guerra del Perú “Las masas populares están luchando contra la opresión y explotación del neoliberalismo capitalista que el golpe de Estado ultraderechista pretende perpetuar y demandan una asamblea constituyente con el pueblo y para el pueblo que sirva a la democratización de la sociedad peruana”.
“Repudiamos el nuevo terruqueo del torturador Arriola que, con persecución política sin fin contra los revolucionarios, imputa falsamente, sin ninguna prueba, que el Movadef está detrás de las protestas, pretendiendo vanamente atemorizar al pueblo que le responde que Dina, el Congreso, las fuerzas armadas y policiales son los verdaderos terroristas.”
Como Coordinadora Internacional nos solidarizamos con la lucha del pueblo peruano y exigimos solución inmediata a sus justas demandas, cese al asesinato, persecución y encarcelamiento, libertad a todos los detenidos por organizarse y luchar. El pueblo peruano sabe, como lo ha dicho en sus marchas, en sus protestas y en su grito nacional: La sangre y la persecución no ahogan la protesta, sino que la riegan.

¡CONVOCATORIA A ASAMBLEA CONSTITUYENTE SIN PERSECUCIÓN POLÍTICA EN EL PERÚ!

¡ABAJO LA INTERVENCIÓN YANQUI EN AMERICA LATINA Y EL MUNDO!

¡ABAJO EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO!

¡BASTA YA DE ENFRENTAR AL PUEBLO CONTRA EL PUEBLO!

¡VIVAN LOS PAROS NACIONALES DEL 10 Y 11 DE ENERO!;

¡FIN A LA PERSECUCIÓN, AL ASESINATO Y A LA REPRESIÓN!

¡CASTIGO A LOS CULPABLES DE LA MASACRE!

¡EXIGIMOS JUSTICIA PARA LOS ASESINADOS Y SUS FAMILIARES!

¡LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PERÚ Y DEL MUNDO!

Responsable de la publicación profesor Arturo Romano Casillas, expreso político del MOVIMIENTO POPULAR DE USUARIOS DEL NORTE DE NAYARIT (MPU).
Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo.