Seis años sin Leslie Alejandra (VIDEO)

 

Boletín de prensa

La tarde del 1 de marzo de 2017, Leslie Alejandra Flores Larios, estudiante de Derecho, abordó un taxi en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, para ir a hacer una tarea escolar. Desde entonces se encuentra desaparecida.
Sus familiares no han dejado de buscarla tanto en el territorio del estado como en otras regiones del país, mientras que las autoridades correspondientes no han podido establecer una línea de investigación que conduzca hacia el paradero de esta joven que tenía 24 años en el momento de su desaparición.

 

 

 

 

 

Notas relacionadas:

Leslie Alejandra desapareció hace cinco años en Villa de Álvarez

 

 

 

 

Denuncia la activista trans Kenya Cuevas boicot de parte de dependencias del gobierno de Colima

 

Por Marco Antonio Pérez Gaspar

En su segundo día de visita a Colima Kenya Cuevas, defensora de derechos humanos, denunció este miércoles 8 a través de su cuenta de Instagram que sin la representación de ninguna persona trans, autoridades estatales de Colima firmaron un convenio de gratuidad del trámite de cambio de acta de nacimiento en el estado.

“Están negociando con nuestras vidas y no hay ninguna representación trans ahí adentro”, dijo Cuevas al recordar que desde un día antes ella y un grupo de personas trans habían sido invitadas para testificar el acto protocolario.

Al interior de la oficina de la dependencia se encontraban Dulce Huerta, secretaria de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres; Alejandro Pizano, de la Dirección de Diversidad Sexual de esta dependencia, y Brenda Gutiérrez, directora del Registro Civil del Estado de Colima.

Cabe señalar que desde lunes en la noche un grupo de mujeres y hombres acompañan a Kenya durante su jornada de trabajo con varias instituciones federales, estatales y municipales.

 

Ésta propuesta, junto con otras más, se dieron en una reunión de activistas defensores de una vida libre de violencia y discriminación hacia las disidencias sexuales en el marco de una mesa de trabajo para en una segunda visita programada para el mes de mayo llevar a cabo las firmas de colaboración para capacitar al personal de las instituciones para que brinden un servicio de calidad y eficaz sin violentar el derecho a la libre personalidad de los ciudadanos.

Acciones como ésta sólo fortalecen la invisibilidad de la comunidad trans en la toma de decisiones de los gobiernos estatales hacia un grupo social que históricamente ha sido discriminado. Cabe señalar que Kenya Cuevas tuvo que retrasar su salida hacia Michoacán en donde tenía programada una conferencia: La lucha de las Mujeres Transgénero en México siendo transmitida por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV) en la tarde de este miércoles.

Durante la tarde del martes Kenya Cuevas estuvo en una plaza comercial en el tercer anillo periférico en donde más de 300 personas jóvenes y adultos estuvieron presentes en un conversatorio donde abordo el trabajo que desde hace unos años viene realizando en la Ciudad de México en donde ha logrado rescatar más de 60 cuerpos de personas en situación de calle que por diversas causas perdieron la vida.

Una de sus iniciativas, Casa Tiresias, brinda apoyo a todas las personas vulnerables en el acceso a los servicios de salud sexual, así como capacitación en lo laboral y en lo educativo siendo un proyecto que cada vez más se está replicando en otras entidades entre ellas incluida Colima. Según informes de derechos humanos la esperanza de vida de las mujeres trans es hasta los 35 años de edad mencionó Cuevas al publico asistente.

El 25 de enero Kenya Cuevas fue galardonada con el Premio en Derechos Humanos Gilberto Bosques por la Embajadas de Francia y Alemania en México, a la vez que es una de las 50 mujeres líderes reconocidas por la Revista Forbes en el 2022.

 

 

 

Hace un año, Antonio Díaz había advertido al gobierno federal riesgos de la tensión en Aquila (VIDEO)

 

COLIMA, Col.- Desde enero de 2022, el presidente del Consejo Comunal de Aquila, Antonio Díaz Valencia, advirtió al gobierno federal el riesgo de que, debido a la tensión social existente, ocurriera un derramamiento de sangre en esa comunidad indígena michoacana.

Pero las instancias federales no contribuyeron para la solución del conflicto y, un año después, el 15 de enero de 2023, Antonio Díaz y el abogado defensor de los derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca, fueron secuestrados cuando se trasladaban de Aquila a la capital de Colima, después de haber participado en una asamblea, y desde entonces se encuentran desaparecidos.

El 17 de enero de 2022 Díaz Valencia y Lagunes Gasca habían participado, junto con un grupo de comuneros, en una toma simbólica del Tribunal Unitario Agrario (TUA) distrito 38, con sede en Colima, ante la inconformidad por el manejo de ese organismo frente al conflicto agrario de Aquila, que impactaba en el manejo y distribución de las regalías derivadas de la extracción de hierro realizada por parte de la minera Ternium.

En esa ocasión, Antonio Díaz concedió una entrevista a “Tlanesi. Periodismo de Derechos Humanos”, transmitida en video, en la que expresó sus inconformidades, se quejó de que la comunidad llevaba tres años sin mesa directiva reconocida legalmente y pidió el cumplimiento de una sentencia que ordenaba a la Procuraduría Agraria emitir la convocatoria a una asamblea electiva.

"Nos tienen con la preocupación que en cualquier momento esto acarree una explosión social en la que haya enfrentamientos y derramamiento de sangre; por eso apelamos al gobierno federal y al de Michoacán para que nos escuchen y se resuelva (…), tenemos que seguir esta lucha hasta donde dé, como dicen ahí los campesinos, hasta donde tope; que si hay amenazas y hay dinero de por medio no nos amedrenta nada, los campesinos estamos acostumbrados a comer humildemente y a seguir adelante”.

Comentó que ya habían expuesto la problemática ante funcionarios federales y que la toma de TUA en esa ocasión era “una cuestión simbólica, de unas horas, pero si esto no se resuelve como lo comentamos con otros funcionarios a nivel nacional, tendremos que volver, entonces posiblemente sean las cuestiones más radicales, más duras y de aquí además hay otras acciones como la toma de la carretera costera. Y de ahí, como mete las manos la empresa minera para efecto de dividir a la comunidad y sacar tajada, ya internamente la comunidad goza la libertad para tomar acciones allá en aquel lado”.

El líder comunal dijo que esperaban que el gobierno federal tomara cartas en el asunto “a partir de unos informes que va a haber tanto del delegado de Gobernación en Michoacán y el de Colima, más otros actores políticos y el propio gobernador, que está enterado y empeñado en que esto se resuelva. Eso es lo que esperamos: una cuestión prácticamente de cúpula hasta acá”.

En esa ocasión, Díaz Valencia alertó que “el ambiente social en Aquila es demasiado tenso, al grado de que puede haber los enfrentamientos que ya mencioné y puede haber pérdida de vidas, y lo que anhelamos nosotros es que haya una cuestión social estable, de respeto, de armonía vaya, pero los funcionarios con este magistrado (del TUA) y su secretario de acuerdos contribuyen a que esto se crispe, se ponga difícil”.

En relación con los impactos ambientales de la operación de la empresa minera en la región, Antonio Díaz indicó que ha generado deforestación, afectaciones en los mantos acuíferos y la erosión de la tierra.

"Todo eso es un impacto ambiental muy difícil. Antes el arroyo que está junto a la mina, iba usted y en media hora cosechaba chacales y langostinos para comer toda una familia de diez gentes; ahorita ya no hay ni agua. Y en el río, igual hay perforaciones de hasta 300 metros de profundidad, que al dinamitarse mueven las capas de la tierra y desvían las corrientes”.

—¿Cómo ha cambiado la vida de la comunidad desde que llegó la mina? —se le preguntó.

—Para quienes reciben regalías, se dice que se les apoya, pero en otra parte ha generado división, encuentros ríspidos entre grupos sociales y también una serie de inconformidades de gente que a pesar de no ser comuneros, les llamamos avecindados, también son afectados.

"En la salud, quienes han trabajado ahí y se han jubilado, uno o dos quedaron ciegos porque el trabajo en la minería es muy difícil; otros con problemas pulmonares respiratorios y otros con otra serie de problemas. Se firmó un convenio de que tenían que crear una clínica hospital y tienen simplemente un consultorio con un médico general. Entonces no hay una garantía de salud real.

"En todos los convenios que se han firmado se ha pedido la cuestión de salud y de respeto a la unidad comunal para que no haya división. Se ha pedido también una serie de obras tanto del sector salud como de comunicación, caminos y todo, (pero) no se han cumplido y se tienen las actas. Entonces todo eso genera una inconformidad que está latente”.

Los beneficios de la minería para la región, dijo, sólo se han visto en el aspecto económico, pero “en los demás aspectos puedo considerar que son negativos. La economía sí, pero se les entrega su lanita (a los comuneros beneficiarios de las regalías) y se los acaban en unos cuantitos días y siguen en la misma desgracia, hasta esperar el otro mes, y ahí van, como burócratas que reciben una quincena y desean que a los cinco días llegue la otra quincena. Esa es la situación real. Para la cuestión comercial sí sirve, porque hay lana, el problema es que no hay el medio, la forma de aprovecharla adecuadamente. En cambio, en el impacto social sí se ve lo otro”.

Añadió: “En la calidad de vida, hay que recordar que hay que tener una cultura bien orientada, bien formada para poder aprovechar los medios, los recursos positivamente y en lugar de tirarlos, derrocharlos, como les decía en una ocasión, ‘si se están llevando las piedras, seamos inteligentes, cambiemos piedras por títulos universitarios, cambiemos piedras por una buena vivienda, por un buen ahorro’, pero desgraciadamente en el 90 y tantos por ciento no se da. Sería el anhelo, pero sí, hay factores que inciden para que esto no se dé”.

 

 

 

El sorpresivo desalojo masivo de casi 50 familias en Campos, Manzanillo (Vídeo)

 

La mañana del pasado 29 de junio de 2022, mediante un fuerte operativo policiaco, fueron desalojadas cerca de 50 familias de terrenos y viviendas que habitaban desde hace varias décadas, en una superficie de más de 40 hectáreas de la comunidad de Campos, Manzanillo.

Sergio Topete Palomera, uno de los afectados, dijo en entrevista telefónica que la mayoría de los habitantes del lugar tienen escrituras desde hace casi 15 años y otros tienen el derecho de posesión, donde tenían sus casas, huertas de árboles frutales y ranchos ganaderos.

Narró que tras un juicio civil de 10 años con Desarrolladora Mar del Sur SA de CV lograron una resolución inicial a su favor, pero la orden de desalojo vino de un juez de Jalisco, por una denuncia penal del Consorcio Inmobiliario Arenal del Bosque SA de CV, que habría comprado a la primera.

Las familias desalojadas, indicó, son víctimas de una injusticia y pidió la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues las tierras en disputa son codiciadas por el valor adquirido al estar en las inmediaciones del proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo.